COMUNICADO SOBRE LA PERSECUSIÓN JUDICIAL CONTRA CAMPESINOS EN EL CASO CURUGUATY

Ante la audiencia preliminar de las presas y los presos políticos del Caso Curuguaty, manifestamos cuanto sigue:

Hoy día lunes 15 de julio continúa la audiencia preliminar por el Caso Curuguaty, que viene acumulando un proceso penal plagado de arbitrariedades e irregularidades por parte del Ministerio Público y un aparato judicial que legitima todas las violaciones procesales, con el propósito de condenar –a solicitud de ciertos “mandantes”– a personas que no tienen nada que ver con los hechos que se les atribuyen.

La escalofriante cantidad de violaciones al procedimiento evidencia claramente este patrón de actividad judicial, fiscal y policial en el caso que nos involucra.

Por otro lado, es curioso que una justicia acelerada para condenar a campesinos y campesinas sin arrimar prueba fehaciente, sea tan lerda cuando se trata de definir la situación de las tierras de Marina Kue.

EL FISCAL

El fiscal escribió un libreto de realismo mágico como acusación, una construcción delirante de hechos completamente falsos. Por ejemplo: pretender que 35 campesinos con sus mujeres e hijos hasta de 3 meses de vida, emboscaron a 324 policías equipados con helicóptero, camionetas, camiones, armas automáticas, escopetas, caballos, granadas, gases lacrimógenos, chalecos antibalas, pistolas, comunicación y hasta fotógrafos. La teoría de la emboscada no tiene la menor posibilidad de que sea tomada en serio porque no responde al sentido común. Esta “novela” redactada por el fiscal es tan absurda que ni merece el tiempo para ser analizada.

Nadie cree ya en la seriedad del “trabajo” del agente fiscal, Jalil Rachid. Ningún “operador” de la prensa hegemónica está ya dispuesto a apoyar a un funcionario tan inescrupuloso por las desprolijidades en su “investigación”. Como ejemplo cabe señalar que, en un principio, Rachid aseguraba que los policías habían ido desarmados al procedimiento, y cuando comenzaron a aparecer fotos en los medios que probaban lo contrario, tuvo que reconocer su error ante la contundencia de las pruebas.

Este mismo fiscal, posteriormente, negó que se hubieran disparado armas automáticas hasta que apareció un video, cientos de veces compartido en los medios digitales y de comunicación masiva, en el que se escuchaban notoriamente ráfagas de ametralladoras.

No olvidemos que, al día siguiente de la masacre, un grupo grande de familiares, periodistas, vecinos y personas solidarias de los movimientos, ingresó al lugar de los hechos en una búsqueda que los llevaría a encontrar más cuerpos de campesinos muertos.

Hasta uno de los políticos más influyentes de Curuguaty decía a todos los medios que había entregado a Jalil Rachid una cantidad importante de vainillas servidas de calibre 5,56 –de armas automáticas reglamentarias de la Policía.

Por supuesto, Rachid negó enfática y sistemáticamente esta situación, pero poco después apareció un video en el que se lo ve al político en cuestión entregando en propia mano al fiscal una bolsa con más de 70 vainillas servidas, que el político colorado recibiera de los campesinos que habían ingresado el 16 de junio de 2012, al lugar de la masacre.

Hasta la aparición de ese video, Jalil Rachid negaba haber recibido tales casquillos. En aquel momento, él no era fiscal de la causa, pero se encontraba allí recolectando evidencias. Esto constituye un visible ocultamiento de pruebas.

Denunciamos que Rachid se negó en todo momento a incursionar en otra línea de investigación; actuó con parcialidad manifiesta ocultando evidencias y dirigiendo su pesquisa hacia un desenlace tramado con anticipación; recogió y acomodó supuestas pruebas que fortalecerían su versión falsa de los hechos y omitió e ignoró sistemáticamente toda posibilidad o indicios que hubieran podido desembarcar en una conclusión diferente a su historia. Este tipo de método es contrario a lo que la ley le obliga a utilizar en su procedimiento investigativo.

Exigimos que el fiscal tome todos los elementos colectados e introducirlos a la investigación, aunque sean contradictorios entre sí, a los efectos de buscar la verdad. En este caso, al contrario, denunciamos que el agente del Ministerio Público desvió información, ocultó evidencia y amenazó a todo el que intentara declarar con una teoría contraria a su discurso. Esto es extorsión y abuso de autoridad, en palabras llanas y simples.

LA JUEZA

Ella está lista para mandar a todos a juicio sin escuchar argumento alguno, siguiendo precisas instrucciones de violar todas las garantías de los acusados y las acusadas, el debido proceso, la presunción de inocencia, la independencia de la justicia, todo por no poner en riesgo su “carrera”.

Esta crónica de una condena anunciada no es otra cosa que la simulación de un juicio penal, una representación teatral, una parodia.

Lamentamos que la magistrada se preste a este juego bochornoso recibiendo instrucciones por teléfono que termina cumpliendo al pie de la letra y legitimando todas las violaciones perpetradas por el fiscal, sin una sombra de ética profesional. Situaciones como estas lesionan gravemente el sistema supuestamente democrático en el que estamos inmersos como sociedad.

Si las autoridades que administran la Justicia se siguen manejando según el capricho y los intereses de “autores intelectuales” sin rostro, al margen de la ley, blanqueando las aberraciones procesales, produciendo torpes nulidades que indefectiblemente acaban en los estrados internacionales, el Paraguay no tendrá jamás la altura moral suficiente para alcanzar un estatus de país serio, enmarcado entre los corchetes de la democracia.

Instamos a la jueza Janine Ríos a tomar consciencia y dejar de lado sus temores egoístas, no procediendo a legitimar, de ahora en más, acciones retorcidas e ilegales del Ministerio Público, todas las denuncias de posibles ejecuciones sumarias, de apresamientos irregulares, de torturas, etc., que fueron ignoradas porque no supo hacer valer su investidura, descartando e ignorando groseramente lo que correspondía en derecho.

Si hubiera actuado desde un principio guiada por los principios del Derecho y la más alta necesidad de hacer justicia, como le cabe en las manos, hoy la historia de los campesinos y las campesinas víctimas de la masacre de Curuguaty sería otra.

Expresamos nuestra preocupación de que en ningún momento el fiscal, la jueza o el mismísimo Poder Judicial hayan encaminado alguna acción tendiente a esclarecer quién o quiénes asesinaron a los campesinos sin tierra, ni las circunstancias en que se desencadenaron los hechos.

Denunciamos también que el Poder Ejecutivo no ha hecho el menor esfuerzo por indemnizar a los familiares de las víctimas. Si bien el presidente de facto se la pasa reclamando que las tierras de Marina Kue han sido invadidas por los Riquelme, las personas afectadas se encuentran desamparadas de los brazos del Estado, constituyendo la tesitura del usurpador del Ejecutivo una más de sus hipocresías y cinismos.

¡Por Justicia, Tierra y Libertad!
¡Marina Kue, pueblo mba’e!