En el día de ayer se realizó el Juício Etico, una iniciativa de la “Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia”, que es una
articulación de organizaciones y movimientos sociales que surge en el
mes de junio del año 2012, alarmadas por la masacre ocurrida en
Curuguaty y el quiebre al proceso democrático a partir del golpe
parlamentario contra el gobierno del Presidente Fernando Lugo.
La plataforma se constituye en un espacio de resistencia hasta el restablecimiento del
orden democrático en nuestro país. las acciones de análisis,
discusión, difusión y denuncia que realizan, tienden a revelar a los reales
responsables del establecimiento de este gobierno de facto, y recoger y
visibilizar la indignación que se respira en todo el territorio nacional
tras este atentado a la soberanía popular.
El Juicio Etico es una herramienta de monitoreo y control ciudadano sobre el
funcionamiento y gestión de los principales órganos de poder público y
otros organismos pertinentes. A través del seguimiento y el análisis de
las actuaciones institucionales, la organizaciones de la sociedad civil participantes se
proponen evaluar el cumplimiento por parte de las autoridades
estatales, de sus obligaciones para con la construcción del Estado Social
de Derecho, consagrado en la Constitución Nacional.
Luego de un proceso de estudio de las pruebas aportadas, la comunicación e información a la parte demanda, en este caso el Congreso de la Nación, se llevo a cabo ayer entre las 8 y las 20 horas en la plaza de la Democracia, en el centro de la capital, la etapa resolutiva de este Juicio, donde la parte acusada tuvo la oportunidad realizar su descargo.
Asistieron centenares de personas que llegaban en representación de organizaciones y movimientos sociales, asi como personas que no pertenecen a ninguna organización, actuaron como un Tribunal Popular en esta etapa resolutiva del Juicio Etico. El mismo arrojó el siguiente veredicto
Veredicto del Tribunal Ético por la Democracia
Del análisis de las constancias de la investigación arrimadas en
tiempo y forma y durante el desarrollo del Juicio Ético contra el
Congreso Nacional, (período 2008-2013) el Tribunal Ético por la
Democracia ha oído en audiencia pública al Equipo de Investigación, a
los testigos presentados por la acusación, así como también a la
defensa de oficio designada, sobre los elementos que conforman las
causales de la acusación cívica formulada por el Equipo de Investigación
contra el Congreso; y en tal sentido ha procedido al análisis y
consideración exhaustiva de cada uno de los elementos que contienen las
mismas, tanto de cargo como de descargo y ha concluido finalmente
DECLARANDO QUE:
- Los Senadores y Diputados como miembros del Congreso Nacional, se
han extralimitado en sus funciones constitucionales, utilizando las
facultades de que están investidos en beneficio de intereses
particulares, sin considerar el interés colectivo al que les obliga la
primera parte de Artículo 128 de la Constitución que expresa: “En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”.
En consecuencia, se concluye que han incurrido en mal desempeño de
sus funciones derivado de violaciones sistemáticas a las disposiciones
constitucionales y legales, por lo que se debe declarar a los senadores y
diputados, como personas no gratas al pueblo paraguayo.
- Los Senadores y Diputados han hecho uso y abuso de sus inmunidades
por cuanto se han amparado en las mismas, particularmente mediante la
denegación del desafuero en casos claros y evidentes, para la defensa
corporativa, impidiendo la investigación de actos ilegales e ilícitos.
- Los Senadores y Diputados se han aprovechado del doloroso y hasta
ahora no esclarecido hecho de la masacre de los campesinos y policías en
Curuguaty, para satisfacer sus intereses políticos y destituir
Presidente constitucionalmente electo Don Fernando Lugo. Una vez
destituido el mismo han demostrado un total desinterés en la
investigación de los hechos con vista a su pleno esclarecimiento y han
incurrido en absoluta inacción sobre el particular.
- La Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, son responsables de
la derivación y situación actual que del caso Curuguaty pudiera suscitar
con las personas detenidas, en razón que no han impulsado acción de
protección alguna a favor de los y las detenidas por el caso. Si bien el
caso es de competencia judicial, la comisión bicameral constituida para
la averiguación de los hechos se ha desarticulado y desentendido de lo
ocurrido, siendo por omisión responsables de lo que pudiera suceder con
los mismos.
- La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados son responsables
por el uso ilegal, abusivo y arbitrario del la figura del Juicio
Político por la violación de principios procesales básicos como el de la
defensa en juicio, la presunción de inocencia, la obligación de
aportar pruebas y exigirlas y porque hasta la fecha no ha sido
reglamentado por ley, y en los diferentes casos en los que se ha
utilizado éste instituto constitucional, sólo ha sido objeto de
resoluciones ad hoc.
- Los Senadores y Diputados son responsables por negligencia y
omisión en la sanción de normativas reglamentarias de derechos
establecidos en la Constitución, lo que impide a la población paraguaya
la realización de derechos constitucionalmente consagrados y sin cumplir
las recomendaciones de los mecanismos regionales e internacionales de
Derechos Humanos, el caso de la ley contra toda forma de discriminación
entre otras.
- Los Senadores y Diputados son responsables de la omisión
sistemática en la respuesta ante los reclamos territoriales indígenas,
por cuanto suponen la sanción de leyes de expropiación, además de
constituirse en responsables del genocidio y exterminación de los
pueblos originarios por negligencia pública.
- La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados son responsables
del uso abusivo de los recursos públicos por medio de sus facultades
constitucionales al sancionar el Presupuesto General de la Nación por
fuera de lo que propone el Poder Ejecutivo, además de asignar partidas
presupuestarias para gastos que no contribuyen al desarrollo del país.
Sobre la base de lo expresado precedentemente, el Tribunal Ético por la Democracia
R E S U E L V E:
- Declarar a los Senadores y Diputados del periodo 2008-2013
personas no gratas al pueblo paraguayo por las violaciones a la
Constitución que dificultan la existencia del Estado Social y
Democrático de Derecho.
- Condenar y denunciar públicamente la conducta de Diputados
y Senados integrantes del Congreso Nacional, por sus reiteradas
violaciones al orden constitucional y legal de la República, basados en
las consideraciones de hechos mencionados precedentemente.
- Emplazar a Senadores y Diputados a integrar con carácter
urgente una comisión bicameral de investigación sobre el caso Curuguaty y
a conformar una comisión multisectorial para la resolución de las
reivindicaciones territoriales indígenas.
- Emplazar a Senadores y Diputados para que sancionen de manera
inmediata leyes reglamentarias de disposiciones constitucionales y en
particular del Juicio Político.
Mas informes: en http://juicioeticoalparlamento.com
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