sábado, 27 de febrero de 2016

COMUNICADO DE LA OLT ANTE AMENAZA DE DESALOJO VIOLENTO (AUDIO)

La Organización de Lucha por la Tierra, OLT emitió un comunicado donde pone en manifiesto la conducta parcialista y defensora de las tierras malhabidas por parte del Gobierno de Horacio Cartes, que amenaza con un violento desalojo al Asentamiento 1° de marzo ubicado en el distrito de Ybyrarobana, del Departamento de Canindeyu, ocupado por mas de 300 familias que reclaman una tierra adjudicada ilegalmente a una empresa por parte del gobierno durante la dictadura stronista.

El desalojo esta orquestado y dirigido por la Asociación Rural del Paraguay, ARP que entre otras cosa reclama la deforestación que ocurre en el asentamiento, olvidandose de las millones de hectareas que sus asociados deforestan ilegalmente para la ganaderia y agronegocio, y cuyo beneficio solo llega a unas pocas familias adineradas que inclusive desalojan a pueblos originarios y arrasan con reservas naturales ante la vista complice del gobierno.

Estas casi 4500 hectareas fueron regaladas a la empresa Perfecta SA que no es sujeta de la reforma agraria por el entonces IBR (Instituto de Bienestar Rural) a cambio de una supuesta avioneta avaluada en 3 millones de guaraníes situación esta no prevista en el estato agrario vigente en aquella época.

Mientras el Gobierno no reconozca el asentamiento y otorgue las condiciones mínimas de subsistencia, será imposible realizar un proceso de uso racional de los recursos naturales con asistencia técnica y mejoramiento de la calidad de vida, ya que para acceder a los servicios básicos los labriegos que ya están cultivando en la zona recurren a la venta de rollos con la complicidad de políticos que se aprovechan de la necesidad de esta comunidad. 

En el comunicado la OLT aclara varios puntos que son omitidos o tergiversados por una campaña mediática que busca criminalizar la lucha de esta organización y sacar de contexto la adjudicación ilegal de estas tierras que así como las casi 8.000.000 de hectáreas de tierras adjudicadas en forma ilegal denunciadas por la Comisión Verdad y Justicia en el 2008.

En sus 5 años de lucha el asentamiento cuenta con despensa y farmacia comunitaria ademas de una escuela donde asisten mas de 250 niños y niñas, tambien cuentan con energia electrica cuya infraestructura fue conseguida por la organización así como los caminos para el acceso al asentamiento.

El gobierno no puede anteponer el beneficio de una empresa usurpadora de derechos ajenos, por encima de estas 330 familias, que trabajan y producen a pesar de la falta de apoyo del gobierno




COMUNICADO 
A la opinión pública nacional e internacional


Ante las declaraciones del ministro del Interior De Vargas y representantes de la ARP, en la fecha de ayer, sobre el desalojo del Asentamiento 1ro. De Marzo – Joaju, desde la organización de Lucha por la Tierra-OLT nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:

Primeramente llamamos la atención sobre la independencia de las instituciones del Estado y representantes gubernamentales, de las Empresas privadas con intereses particulares, teniendo en cuenta que la ARP llamó a una “cumbre de seguridad” para dar directrices al Ministerio del Interior, una institución que debe velar por los intereses de toda la ciudadanía, no solo de esos pocos asociados de la ARP.

Desde la organización denunciamos la mala intención y desinformación por parte del Ministro al tratar de delincuentes a 320 familias sin tierras del Asentamiento 1ro. De marzo-Joaju, cuando que estas familias sin tierras vienen gestionando ante el INDERT y el Parlamento desde finales del 2011 para el acceso a un pedazo de tierra y existe un expediente de más de 400 fojas que respaldan esa gestión. 

 Asimismo, quieren acusar de deforestadores a estas familias campesinas, que actualmente cuentan con más de 1000 has. de producción de autoconsumo, que sumando 330 familias con 4 has. de producción de alimentos y renta, llegan a más de 1300 has., por lo que la acusación es infundada y de mala intención. 

Sobre todo cuando al día se ven informaciones en los medios de comunicación, sobre la cantidad de miles de has. que se deforesta en el Chaco para instalar ganadería y otros agronegocios, o si se llevara en cuenta los 3. 500.000 has. de cultivos de soja, donde no se logran ver ni un arbolito en el medio; sin embargo no se llama a cumbre a seguridad o el Ministro no interviene de oficio para preservar la salud y los derechos de toda la ciudadanía.

Ante las expresiones del ministro de Vargas, “..se debe trabajar de forma previa, .. sobre los autores intelectuales, recabando la actividad ilícita que sustenta económicamente a estos delincuentes, para luego hacer un operativo sin violencia"; SOSTENEMOS que los únicos delincuentes y autores intelectuales de hechos delictivos en Paraguay, son los empresarios que se apropiaron de manera ilegal de las tierras del Estado, y que fuera denunciado a partir del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia, entidad gubernamental, quienes documentaron más de 7.500.000 has. de casos de tierras mal adjudicados o malhabidos.

Asimismo, el representante de la ARP que expresa “...que en circunstancias en las que el país se encuentra en una situación privilegiada en el desarrollo de los agronegocios, sería una mala política no cuidar la coyuntura que traerá beneficios para toda la población”; desde la organización denunciamos que, este argumento es engañoso teniendo en cuenta que con el avance del agronegocio ha crecido la pobreza en el campo y en la ciudad, teniendo en cuenta el aumento de los cinturones de pobreza a la par del avance de la soja, por la expulsión permanente de familias campesinas e indígenas. 

La desigualdad que trae el agronegocio no es solamente en cuanto a la tenencia de tierra (85,6 % de tierras en manos del 2 % de propietarios), sino además ha aumentado el desempleo rural y urbano, la mal nutrición, el hambre, etc. mientras que el 10 % de la población ostenta el 90 % de la riqueza.

Recordamos al Ministerio Público y al Ministerio del Interior como organismos estatales de sus compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos, específicamente lo establecido en el Art. 11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que reza: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 

Además resaltamos sobre las Observaciones Generales del Comité Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales del 16º período de sesiones (1997). Observación general Nº 7. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos 

En su Observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. 

Llegó a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendo examinado un número considerable de informes sobre desalojos forzosos en los últimos años, incluso de casos en que se ha comprobado que los Estados Partes no cumplían sus obligaciones, el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre las consecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el Pacto.

La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la cuestión de los desalojos forzosos es grave. En 1976, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos señaló que debería prestarse especial atención a "iniciar operaciones importantes de evacuación sólo cuando las medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y se adopten medidas de reubicación". 

En 1988, en la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución 43/181, se reconoció la "obligación fundamental [de los gobiernos] de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos”.

Responsabilizamos al Gobierno de Horacio Cartes, a través de su Ministro del Interior de difundir mentiras, con sus declaraciones públicas realizadas, donde sugiere que organizaciones promueven la violencia y manipulan a campesinos, campesinas, o que existen sectores políticos detrás.

La OLT no manipula ni deja ser manipulada por nadie, y desde hace 23 años lucha por la Reforma Agraria Integral, la democratización de la tierra, el fortalecimiento de la agricultura campesina, la transformación de la materia prima desde una industria nacional, como única vía para dignificar al campesinado paraguayo y con ello aportar al desarrollo nacional.

Nos ratificamos en nuestro método de lucha pacífica por la Reforma Agraria, desde la gestión y la movilización. La ocupación es y ha sido siempre la última vía, una vez agotadas todas las instancias administrativas legales ante las instituciones del Estado encargados de la Reforma Agraria.

Exigimos el cese de la violencia, y, la expropiación de las tierras para las más de 330 familias sin tierras de la comisión vecinal Joaju, del Asentamiento 1ro. de marzo, que actualmente se encuentra en el Parlamento en la Comisión de Reforma Agraria, desde el mes de diciembre del 2014 con el expediente Nº 6658.

Llamamos a la solidaridad de los movimientos sociales, populares y organizaciones campesinas, frente a esta persecución y llamado al desalojo, que no hace otra cosa más que profundizar la criminalización de la lucha por el derecho al acceso a la tierra, del campesinado que resiste ante el modelo agroexportador, expulsivo y extractivo.

“Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria”

 Asunción, 26 de febrero de 2016

Dirección Nacional Organización de Lucha por la Tierra,OLT

Contacto: Diosnel Sachelaridi 0982-273.032
Jorge Mercado: 0975-327.479

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