Fruto de una larga lucha de resistencia y a pesar recibir maltratos y la indiferencia de muchos sectores de la sociedad paraguaya la Comunidad Xákmok Kásek recupera 70% del territorio reclamado ya que el Estado realizó el último pago por 7.701 hectáreas de las 10.700 ha que
está obligado a restituir por una sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
El Instituto Paraguayo del
Indígena (Indi) efectivizó el pasado 13 de enero el tercer y último pago
por las 7.701 hectáreas que forman parte del territorio reclamado por
la comunidad Xákmok Kásek, ubicada en el distrito de Puerto Pinasco,
departamento de Presidente Hayes, a la altura del Kilómetro 340 de la
Ruta Transchaco. En total se abonó la suma de G. 27.000 millones.
La sentencia de restitución territorial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitida en
2010, obligó al Estado paraguayo a devolver al pueblo Sanapaná 10.700
hectáreas, una parte de su territorio ancestral, y habilitar un fondo de
desarrollo para la apertura de caminos, escuelas y puestos de salud a
manera de resarcimiento por los daños causados.
El Tribunal consideró que la expulsión no solo violó sus derechos
territoriales y encontró al Estado como responsable directo de al menos
trece muertes, entre estos once niños, ocurridos en el lapso en que la
comunidad estuvo instalada al costado de la ruta. En este tiempo
murieron unas treinta personas por las precarias condiciones en que
vivían, sostienen los indígenas.
Durante el litigio el equipo jurídico de Tierraviva, organización
integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(Codehupy), estuvo a cargo de la representación legal de la comunidad, a
través de los abogados Oscar Ayala Amarilla y Julia Cabello.
Sin embargo, ante la dilación en el cumplimiento del veredicto, la
comunidad decidió reocupar el territorio a principios de 2015. El plazo
dado por el tribunal regional venció en 2013 y, a pesar de la concesión
de una prórroga de un año, hasta el momento el fallo ha sido acatado
solo de manera parcial. Por este incumplimiento el Estado debe pagar una
multa mensual de USD 10.000, pero no existe un mecanismo para aplicar
la penalización.
En memoria de los que partieron al infinito
El pasado fin de semana mantuvimos un diálogo con tres líderes de la
comunidad, quienes se encontraban en Asunción para avanzar en los
trámites de titulación comunitaria del inmueble. Serafín López, si bien
destacó el pago de la última cuota, subrayó que la sentencia aún no fue
cumplida en su totalidad, puesto que esta contempla además la
construcción de viviendas, escuelas y servicios de salud.
A renglón seguido enfatizó que este logro no es producto de la
generosidad ni la voluntad del gobierno, sino de una lucha de más de 20
años es pos de recuperar al menos una parte de su territorio. Estimó que
esto no hubiera sido posible si no tomaban la decisión de ocupar la
hacienda para exigir el cumplimiento de la sentencia. En el mismo
sentido se manifestó Amancio Ruiz, quien insistió en que solo mediante
la ocupación se logró forzar que el gobierno libere los fondos para la
adquisición de las tierras.
En tanto, Clemente Dermott agradeció a todo su pueblo por no haberse
cruzado de brazos y recordó a las personas que dieron la vida en la
lucha por volver a su territorio. “Heta oî ohóma apyre’ÿme he’i vaekue
‘pépe che aha vaerã, pea la che róga, ha ndaikatúi. Rovy’a por una parte
ha oremandu’a jave hesekuéra rombyasy avei” (hay muchas personas que ya
se fueron al más allá (o al infinito) que habían dicho que ‘ahí me
tengo que ir, esa es mi casa, pero no pudieron’.
Estamos felices, pero
también sentimos cuando nos acordamos de todos ellos”, expresó.
Laguna dulce
Las 3.000 hectáreas restantes reivindicadas por la comunidad están en
poder de la cooperativa menonita Chortitzer, propietaria de la estancia
Laguna He’ê (dulce) y que en una aparente maniobra para evitar la
expropiación lograron que el lugar sea declarado como reserva natural.
La laguna que se encuentra al interior de la finca ocupa un lugar
preeminente en la memoria y el imaginario de la cultura sanapaná, pues
en las condiciones geográficas del Chaco los espejos de agua dulce son
altamente apreciados y motivo de una rica tradición narrativa y mítica.
Por su parte, el presidente del Indi, Aldo Zaldívar, dijo que este
problema de larga data, que ya lleva 25 años, será resuelto gracias a la
decisión del actual gobierno. En su momento el ente alegó que la demora
se debía al monto muy elevado de la oferta de venta de los propietarios
de la estancia Salazar, Roberto Eaton y Stanley Mobsby. Una tasación
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) valuó el
inmueble en G. 3.600.000 por hectárea (USD 780 al cambio de octubre de
2014), mientras que la firma solicitaba USD 1.650 por hectárea. El
acuerdo terminó cerrándose en USD 800 por hectárea, según información
oficial del Indi.
Fuente: Codehupy
No hay comentarios:
Publicar un comentario