La Organización de Lucha por la Tierra, OLT emitió un comunicado donde pone en manifiesto la conducta parcialista y defensora de las tierras malhabidas por parte del Gobierno de Horacio Cartes, que amenaza con un violento desalojo al Asentamiento 1° de marzo ubicado en el distrito de Ybyrarobana, del Departamento de Canindeyu, ocupado por mas de 300 familias que reclaman una tierra adjudicada ilegalmente a una empresa por parte del gobierno durante la dictadura stronista.
El desalojo esta orquestado y dirigido por la Asociación Rural del Paraguay, ARP que entre otras cosa reclama la deforestación que ocurre en el asentamiento, olvidandose de las millones de hectareas que sus asociados deforestan ilegalmente para la ganaderia y agronegocio, y cuyo beneficio solo llega a unas pocas familias adineradas que inclusive desalojan a pueblos originarios y arrasan con reservas naturales ante la vista complice del gobierno.
Estas casi 4500 hectareas fueron regaladas a la empresa Perfecta SA que no es sujeta de la reforma agraria por el entonces IBR (Instituto de Bienestar Rural) a cambio de una supuesta avioneta avaluada en 3 millones de guaraníes situación esta no prevista en el estato agrario vigente en aquella época.
Mientras el Gobierno no reconozca el asentamiento y otorgue las condiciones mínimas de subsistencia, será imposible realizar un proceso de uso racional de los recursos naturales con asistencia técnica y mejoramiento de la calidad de vida, ya que para acceder a los servicios básicos los labriegos que ya están cultivando en la zona recurren a la venta de rollos con la complicidad de políticos que se aprovechan de la necesidad de esta comunidad.
En el comunicado la OLT aclara varios puntos que son omitidos o tergiversados por una campaña mediática que busca criminalizar la lucha de esta organización y sacar de contexto la adjudicación ilegal de estas tierras que así como las casi 8.000.000 de hectáreas de tierras adjudicadas en forma ilegal denunciadas por la Comisión Verdad y Justicia en el 2008.
En sus 5 años de lucha el asentamiento cuenta con despensa y farmacia comunitaria ademas de una escuela donde asisten mas de 250 niños y niñas, tambien cuentan con energia electrica cuya infraestructura fue conseguida por la organización así como los caminos para el acceso al asentamiento.
El gobierno no puede anteponer el beneficio de una empresa usurpadora de derechos ajenos, por encima de estas 330 familias, que trabajan y producen a pesar de la falta de apoyo del gobierno
COMUNICADO
A la opinión pública nacional e internacional
Ante las declaraciones del ministro del Interior De Vargas y representantes de la ARP, en la fecha de ayer, sobre el
desalojo del Asentamiento 1ro. De Marzo – Joaju, desde la organización
de Lucha por la Tierra-OLT nos dirigimos a la opinión pública nacional e
internacional para manifestar cuanto sigue:
Primeramente llamamos la atención sobre la independencia de las
instituciones del Estado y representantes gubernamentales, de las
Empresas privadas con intereses particulares, teniendo en cuenta que la
ARP llamó a una “cumbre de seguridad” para dar directrices al
Ministerio del Interior, una institución que debe velar por los
intereses de toda la ciudadanía, no solo de esos pocos asociados de la
ARP.
Desde la organización denunciamos la mala intención y
desinformación por parte del Ministro al tratar de delincuentes a 320
familias sin tierras del Asentamiento 1ro. De marzo-Joaju, cuando que
estas familias sin tierras vienen gestionando ante el INDERT y el
Parlamento desde finales del 2011 para el acceso a un pedazo de tierra y
existe un expediente de más de 400 fojas que respaldan esa gestión.
Asimismo, quieren acusar de deforestadores a estas familias campesinas,
que actualmente cuentan con más de 1000 has. de producción de
autoconsumo, que sumando 330 familias con 4 has. de producción de
alimentos y renta, llegan a más de 1300 has., por lo que la acusación es
infundada y de mala intención.
Sobre todo cuando al día se ven
informaciones en los medios de comunicación, sobre la cantidad de miles
de has. que se deforesta en el Chaco para instalar ganadería y otros
agronegocios, o si se llevara en cuenta los 3. 500.000 has. de cultivos
de soja, donde no se logran ver ni un arbolito en el medio; sin embargo
no se llama a cumbre a seguridad o el Ministro no interviene de oficio
para preservar la salud y los derechos de toda la ciudadanía.
Ante las expresiones del ministro de Vargas, “..se debe trabajar de
forma previa, .. sobre los autores intelectuales, recabando la actividad
ilícita que sustenta económicamente a estos delincuentes, para luego
hacer un operativo sin violencia"; SOSTENEMOS que los únicos
delincuentes y autores intelectuales de hechos delictivos en Paraguay,
son los empresarios que se apropiaron de manera ilegal de las tierras
del Estado, y que fuera denunciado a partir del Informe de la Comisión
de Verdad y Justicia, entidad gubernamental, quienes documentaron más de
7.500.000 has. de casos de tierras mal adjudicados o malhabidos.
Asimismo, el representante de la ARP que expresa “...que en
circunstancias en las que el país se encuentra en una situación
privilegiada en el desarrollo de los agronegocios, sería una mala
política no cuidar la coyuntura que traerá beneficios para toda la
población”; desde la organización denunciamos que, este argumento es
engañoso teniendo en cuenta que con el avance del agronegocio ha crecido
la pobreza en el campo y en la ciudad, teniendo en cuenta el aumento de
los cinturones de pobreza a la par del avance de la soja, por la
expulsión permanente de familias campesinas e indígenas.
La desigualdad
que trae el agronegocio no es solamente en cuanto a la tenencia de
tierra (85,6 % de tierras en manos del 2 % de propietarios), sino además
ha aumentado el desempleo rural y urbano, la mal nutrición, el hambre,
etc. mientras que el 10 % de la población ostenta el 90 % de la riqueza.
Recordamos al Ministerio Público y al Ministerio del Interior
como organismos estatales de sus compromisos Internacionales en materia
de Derechos Humanos, específicamente lo establecido en el Art. 11,
inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales que reza: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.
Además
resaltamos sobre las Observaciones Generales del Comité Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales del 16º período de sesiones
(1997). Observación general Nº 7. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos
En su Observación general Nº 4 (1991) el Comité señaló que todas las
personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les
garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el
hostigamiento u otras amenazas.
Llegó a la conclusión de que los
desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del
Pacto. Habiendo examinado un número considerable de informes sobre
desalojos forzosos en los últimos años, incluso de casos en que se ha
comprobado que los Estados Partes no cumplían sus obligaciones, el
Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones sobre las
consecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en el
Pacto.
La comunidad internacional reconoce desde hace mucho
tiempo que la cuestión de los desalojos forzosos es grave. En 1976, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
señaló que debería prestarse especial atención a "iniciar operaciones
importantes de evacuación sólo cuando las medidas de conservación y de
rehabilitación no sean viables y se adopten medidas de reubicación".
En
1988, en la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada
por la Asamblea General en su resolución 43/181, se reconoció la
"obligación fundamental [de los gobiernos] de proteger y mejorar las
casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos”.
Responsabilizamos al Gobierno de Horacio Cartes, a través de su
Ministro del Interior de difundir mentiras, con sus declaraciones
públicas realizadas, donde sugiere que organizaciones promueven la
violencia y manipulan a campesinos, campesinas, o que existen sectores
políticos detrás.
La OLT no manipula ni deja ser manipulada por
nadie, y desde hace 23 años lucha por la Reforma Agraria Integral, la
democratización de la tierra, el fortalecimiento de la agricultura
campesina, la transformación de la materia prima desde una industria
nacional, como única vía para dignificar al campesinado paraguayo y con
ello aportar al desarrollo nacional.
Nos ratificamos en nuestro
método de lucha pacífica por la Reforma Agraria, desde la gestión y la
movilización. La ocupación es y ha sido siempre la última vía, una vez
agotadas todas las instancias administrativas legales ante las
instituciones del Estado encargados de la Reforma Agraria.
Exigimos el cese de la violencia, y, la expropiación de las tierras
para las más de 330 familias sin tierras de la comisión vecinal Joaju,
del Asentamiento 1ro. de marzo, que actualmente se encuentra en el
Parlamento en la Comisión de Reforma Agraria, desde el mes de diciembre
del 2014 con el expediente Nº 6658.
Llamamos a la solidaridad de
los movimientos sociales, populares y organizaciones campesinas, frente a
esta persecución y llamado al desalojo, que no hace otra cosa más que
profundizar la criminalización de la lucha por el derecho al acceso a la
tierra, del campesinado que resiste ante el modelo agroexportador,
expulsivo y extractivo.
“Por la recuperación y defensa del territorio campesino, para la Soberanía Alimentaria”
Asunción, 26 de febrero de 2016
Dirección Nacional Organización de Lucha por la Tierra,OLT
Contacto: Diosnel Sachelaridi 0982-273.032
Jorge Mercado: 0975-327.479
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